El objeto es declarar desincorporados cinco bienes muebles (vehículos) asignados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pasando del dominio público a ser del dominio privado. Esto se realiza porque los vehículos ya no son útiles para destinarse al servicio público debido al estado en que se encuentran

Se trata de un acto de administración y control patrimonial interno. El acuerdo no genera costos de cumplimiento, obligaciones ni trámites para los ciudadanos, ya que únicamente regula el cambio de régimen de propiedad (del dominio público al privado) de bienes vehiculares pertenecientes al patrimonio del estado.