La normativa actual requiere actualizarse y alinearse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Asimismo, que los instrumentos de planeación, tanto del estado, como de los municipios, tengan una planeación estratégica, objetiva y a largo plazo. De igual manera, contemplar estrategias y políticas públicas a largo plazo a través de un órgano colegiado que permita la toma de decisiones en favor de la ciudadanía.