Su objetivo es desincorporar un bien inmueble del Estado de Yucatán por no ser útil para un uso común o servicio público de la Administración Pública centralizada, que pasa, del dominio público, a ser del dominio privado, en términos de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

La propuesta regulatoria califica para la exención debido a que es un acto administrativo de desincorporación patrimonial de un bien inmueble del Gobierno del Estado. Al ser una disposición de ordenación e interés estrictamente interno, no crea nuevas regulaciones, obligaciones, cargas administrativas ni restricciones aplicables a la ciudadanía o al sector privado.