La propuesta regulatoria se justifica en la necesidad institucional de dar estricto cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley de Coordinación Fiscal y la legislación estatal aplicable. Con ello se garantiza la máxima transparencia, legalidad y certeza jurídica a las haciendas públicas municipales, permitiéndoles conocer con precisión los criterios técnicos, fórmulas de cálculo y la calendarización oficial para la distribución oportuna de sus recursos económicos durante el ejercicio fiscal 2026.